ARANCELES DE TRUMP AL COMERCIO EXTERIOR:
“Tras el fallo, llegamos a la conclusión de que en Estados Unidos anunciar aranceles es fácil; pero aplicarlos de manera efectiva es más complejo.”
La Corte Suprema de Estados Unidos, limitó la política arancelaria que Donald Trump, como titular del ejecutivo, que suele utilizar para sus relaciones globales, como herramienta de amedrentamiento político.
Si bien la Corte no prohibió los aranceles, termina poniendo un límite institucional clave: el presidente no puede imponer tarifas globales, usando poderes de emergencia económica sin autorización del Congreso.
El fallo declara ilegales varios de los aranceles aplicados por Trump bajo esa figura y devuelve al Congreso el control central de la política comercial.
En términos económicos, esto reduce la incertidumbre internacional y hace menos probable que EE.UU. aplique medidas comerciales repentinas que afecten exportaciones agrícolas, algo positivo para países agroexportadores como Argentina.
Trump perdió en lo jurídico porque la Corte Suprema le puso un límite claro, pero no perdió en lo económico, porque Estados Unidos todavía tiene otras herramientas legales para aplicar su proteccionismo, especialmente por motivos de seguridad nacional.
En la práctica, el fallo no termina la política comercial restricta de EE.UU., solo la vuelve más institucional y previsible.
El fallo no debería afectar el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, porque, como hemos explicado en diversas oportunidades, no es un tratado eminentemente arancelario (como lo es el acuerdo Unión Europea – Mercosur), pero sí cambia el contexto: reduce la posibilidad de medidas comerciales unilaterales y vuelve la relación más previsible.
Para Argentina esto podría ser positivo, porque baja el riesgo de irrupción de aranceles inesperados y favorece inversiones, aunque cualquier profundización comercial futura dependerá más del Congreso estadounidense, más que del vínculo particular Trump-Milei.
Por último, la respuesta de Trump, luego del fallo de la Corte Suprema, anunciando nuevamente la imposición de aranceles del 15% por 150 días, debe leerse más como una señal política que como una medida efectiva inmediata.
La Corte Suprema limitó justamente la capacidad del presidente de aplicar tarifas generales sin pasar por el Congreso, por lo que hoy implementar algo así sería jurídicamente mucho más complejo, aunque no imposible, conociendo la praxis política del Presidente de EE.UU.
