EUROPA ABRE LA PUERTA, PERO SIGUE ELEVANDO REQUISITOS: EL DESAFÍO DE LA SOJA ARGENTINA
La reducción de aranceles en el marco del acuerdo Mercosur–Unión Europea genera expectativas para las exportaciones agroindustriales argentinas. Sin embargo, la creciente exigencia de criterios ambientales como el ILUC y los límites máximos de residuos de pesticidas plantea interrogantes sobre si las nuevas reglas de acceso al mercado europeo constituyen una herramienta de sustentabilidad o una nueva forma de barrera no arancelaria.
Durante décadas, las negociaciones comerciales internacionales estuvieron centradas en los aranceles, siguiendo esa lógica, el acceso a un mercado dependía, fundamentalmente, de cuánto costaba ingresar un producto a otro país.
Sin embargo, el comercio internacional del siglo XXI ha comenzado a desplazarse hacia un escenario diferente, donde las regulaciones técnicas, ambientales y sanitarias adquieren una importancia creciente.
En este contexto, la relación comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ofrece un caso paradigmático. Mientras el acuerdo birregional promete una reducción gradual de aranceles para numerosos productos agroindustriales, simultáneamente surgen nuevas exigencias vinculadas a la sustentabilidad, la trazabilidad y el impacto ambiental de las cadenas productivas.
Uno de los conceptos que ha ganado protagonismo en los últimos tiempos es el denominado ILUC (Indirect Land Use Change) o Cambio Indirecto en el Uso del Suelo.
Este indicador busca medir los efectos que la expansión de determinados cultivos puede generar sobre ecosistemas naturales, bosques o áreas con elevado stock de carbono.
Desde una perspectiva ambiental, el objetivo resulta razonable, sin embargo, la controversia surge cuando estos criterios se traducen en restricciones comerciales que afectan la competitividad de países exportadores sin contemplar adecuadamente las particularidades de cada sistema productivo.
Para Argentina, el debate resulta especialmente sensible debido al peso estratégico del complejo oleaginoso.
La soja y sus derivados constituyen una de las principales fuentes de generación de divisas del país y representan una cadena de valor integrada que incluye producción primaria, industrialización, logística, servicios y empleo.
En este punto, resulta importante destacar que gran parte de la producción sojera argentina destinada a la exportación se desarrolla en la región pampeana, una de las zonas agrícolas más antiguas y consolidadas del mundo.
Se trata de tierras incorporadas a la actividad agrícola desde hace décadas e incluso más de un siglo, por lo que asociar automáticamente la producción argentina de soja con procesos recientes de deforestación puede conducir a diagnósticos simplificados que no reflejan adecuadamente la realidad productiva nacional.
La discusión sobre ILUC debería contemplar las diferencias existentes entre los distintos sistemas productivos.
No toda la soja se produce bajo las mismas condiciones ni presenta la misma huella territorial y así, aplicar criterios generales que equiparen situaciones muy diferentes puede terminar penalizando cadenas agroindustriales que han desarrollado importantes avances en materia de siembra directa, eficiencia productiva, trazabilidad y sustentabilidad.
A ello se suma otro factor de creciente preocupación para los exportadores argentinos: los límites máximos de residuos (LMR) de pesticidas exigidos por la Unión Europea.
Desde la óptica europea, estos requisitos buscan garantizar elevados estándares de protección para los consumidores y el ambiente.
Sin embargo, desde la perspectiva de los países exportadores, la situación adquiere mayor complejidad cuando los límites establecidos difieren significativamente de los estándares internacionales o cuando se restringen sustancias autorizadas en los países de origen sin que existan mecanismos de armonización equivalentes.
El resultado es que productos que cumplen plenamente con las regulaciones nacionales y con los estándares de inocuidad exigidos por otros mercados pueden enfrentar crecientes dificultades para acceder al mercado europeo.
La cuestión de fondo tras el ILUC y otras exigencias ambientales trasciende la discusión técnica. Lo que está en juego es quién define las reglas del comercio internacional y bajo qué criterios.
Durante décadas, la Unión Europea promovió la liberalización comercial, la eliminación de barreras arancelarias y la integración de mercados. Sin embargo, en un contexto de creciente competencia global, desafíos productivos internos y una agenda ambiental cada vez más exigente, Europa parece avanzar hacia un modelo donde las regulaciones ambientales adquieren un papel determinante en el acceso a mercado.
Desde la perspectiva del Mercosur surge entonces un interrogante legítimo: ¿hasta qué punto determinadas exigencias ambientales buscan proteger el medio ambiente y hasta qué punto terminan protegiendo mercados?
La respuesta no es menor. Si un producto cumple con las condiciones sanitarias, de calidad e inocuidad requeridas para el consumo humano, pero enfrenta crecientes obstáculos regulatorios vinculados a metodologías complejas, criterios difíciles de verificar o requisitos que exceden los estándares internacionalmente reconocidos, el riesgo es que la regulación se transforme en una barrera comercial de hecho.
La paradoja es evidente. Mientras Europa demanda alimentos, proteínas vegetales, aceites y biocombustibles para fortalecer su seguridad alimentaria y avanzar en su transición energética, simultáneamente incrementa los requisitos regulatorios que pueden dificultar el acceso de algunos de sus principales proveedores.
Por ello, el verdadero desafío para el Mercosur no consiste únicamente en negociar reducciones arancelarias. El desafío consiste en garantizar que las normas ambientales no sean utilizadas como mecanismos de discriminación comercial encubierta. La sustentabilidad debe ser un objetivo compartido, pero las reglas deben construirse sobre evidencia científica, reconocimiento de las distintas realidades productivas y condiciones de competencia equitativas.
De lo contrario, existe el riesgo de que el comercio internacional evolucione hacia un escenario donde los aranceles desaparecen formalmente, pero son reemplazados por una red creciente de requisitos técnicos, ambientales y administrativos que generan efectos económicos similares o incluso más restrictivos que los propios aranceles.
En el siglo XXI, las disputas comerciales ya no se libran únicamente en las aduanas. Se libran en los laboratorios, en las certificaciones, en los estándares ambientales y en la capacidad de cada bloque económico de imponer sus propias reglas al resto del mundo. El ILUC, los límites máximos de residuos y otras regulaciones emergentes forman parte de esa nueva disputa. Para Argentina, el desafío no será solamente producir más y mejor, sino evitar que la sustentabilidad se convierta en un argumento utilizado para restringir el acceso de productos competitivos a los mercados internacionales.
Si los aranceles dejan de ser el principal obstáculo al comercio, las barreras del futuro ya no estarán en las fronteras: estarán en las normas.
